En el caso de España, la Responsabilidad Medioambiental está plasmada en la Ley 26/2007, que recoge en su Anexo III todas las actividades industriales que pueden ser peligrosas para el entorno. En este sentido, la ley obliga a los operadores a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban. El próximo 31 de octubre, más de 6.000 instalaciones englobadas en el orden de prioridad 3 tendrán la obligación de contar con una garantía para hacer frente a sus responsabilidades.
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