La prórroga del escudo social para evitar el desahucio de colectivos vulnerables así como la Ley de Vivienda no han frenado las demandas de desalojo que llegan hasta los juzgados de Vigo y que se dividen entre impagos de alquiler de viviendas y también de  locales en su mayoría. En el primer semestre del año, la cifra alcanzó las 200, un número muy superior al del mismo periodo en 2023, cuando fueron 139, por culpa de la huelga de letrados. No obstante fuera ya de dicho paro los números volvieron a ser mayores que los del año pasado. Según los datos de la Oficina de Notificaciones, de abril a  junio, fueron 109 los desahucios ingresados frente a 93.

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