Se considera que un funcionario o cargo público incurre en responsabilidad civil cuando de su actividad se derive un daño o perjuicio a un tercero. Según el Código Civil, esta responsabilidad surge cuando se producen “hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les son impuestas”. Tradicionalmente, la jurisprudencia se ha inclinado por interpretar esta norma como una alusión a la responsabilidad civil del Estado, pero las opiniones de los juristas no son unánimes en este punto y hay una corriente que apunta a la responsabilidad directa del funcionario.

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