Este cártel estaba formado por hasta 25 fabricantes de automóviles y operó en España entre febrero de 2006 y julio de 2013.

Mientras el cártel del coche estuvo operativo, sus integrantes compartieron en secreto información comercial esencial para la fijación de precios, ocasionando así el pago de un sobreprecio a los adquirentes de sus productos, lo que en 2015 dio lugar a una fuerte sanción (de aproximadamente 170 millones de euros) por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los fabricantes que lo formaron.

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